LAS ELECCIONES SE GANAN CON ESPERANZA, LOS GOBIERNOS SOBREVIVEN CON RESULTADOS ECONÓMICOS

19 julio, 2026 Por Uri Felipez Mancilla

Publicado en el Péndulo Político del periodico Correo del Sur

Aproximadamente 1.307 palabras. El tiempo de lectura estimado es de 7 minutos.

Ideas principales:

• Las elecciones se ganan con esperanza, pero los gobiernos se sostienen con resultados económicos.
  
• La inflación, los dólares y los combustibles ya forman parte del juicio político cotidiano de los bolivianos.
  
• El futuro de Rodrigo Paz dependerá de su capacidad para convertir la promesa de cambio en estabilidad económica.

Resumen:

Rodrigo Paz llegó al poder impulsado por una ciudadanía que buscaba una salida a la crisis económica, pero ocho meses después enfrenta una prueba mucho más exigente: demostrar resultados concretos. La inflación, la depreciación del boliviano, la escasez de divisas y los problemas de abastecimiento de combustibles están trasladando la crisis económica directamente al bolsillo de las familias. En este escenario, la capacidad del gobierno para recuperar la estabilidad, generar divisas, atraer inversión y comunicar un rumbo claro será determinante para conservar su legitimidad política. La esperanza permitió ganar las elecciones; ahora los resultados económicos definirán la supervivencia del gobierno.

La política puede construir esperanza, pero es la economía la que termina decidiendo el destino de los gobiernos.

En las democracias contemporáneas, pocos factores pesan tanto sobre la aprobación presidencial como la capacidad de proteger el bolsillo de la ciudadanía. La inflación, el empleo, el acceso a combustibles o el costo de vida dejan de ser indicadores técnicos para convertirse en el principal juicio político que emiten los ciudadanos.

Bolivia no es la excepción. La elección de 2025 estuvo atravesada por la crisis económica mucho más que por el debate ideológico. El mensaje de las urnas fue claro: la población buscaba un gobierno capaz de recuperar la estabilidad. Ocho meses después de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz enfrenta la prueba más difícil de su mandato: demostrar que aquella esperanza puede traducirse en resultados.

Los 53 días de bloqueos marcaron un punto de inflexión. Aunque el gobierno logró preservar el orden constitucional sin recurrir a una represión de gran escala, el costo económico y psicológico fue enorme. La ciudadanía ya no evalúa únicamente la capacidad del Ejecutivo para administrar conflictos políticos; ahora juzga su capacidad para devolver certidumbre a la economía.

Ese cambio explica buena parte del desgaste presidencial. Los indicadores económicos dejaron de ser cifras presentadas por voceros oficiales para convertirse en experiencias cotidianas. Cada aumento en los precios, cada dificultad para conseguir dólares o cada fila en los surtidores afecta directamente la percepción sobre la eficacia del gobierno.

La inflación acumulada, cercana al 9% en el primer semestre, ha deteriorado el poder adquisitivo de las familias. Más allá de las estadísticas, la percepción ciudadana se construye en los mercados, donde el costo de los alimentos aumenta semana tras semana. En política, la inflación no solo reduce ingresos: también erosiona confianza.

La crisis cambiaria profundiza esa sensación. La transición hacia un tipo de cambio más flexible era probablemente inevitable desde una perspectiva económica, la cotización oficial, que inició rondando los 9.73 Bs, y escaló rápidamente hasta los 10.75 Bs., fue su impacto psicológico considerable. La depreciación del boliviano alimenta expectativas de nuevas alzas de precios y fortalece la incertidumbre sobre el futuro inmediato.

El abastecimiento de combustibles continúa siendo el problema de mayor fricción politica, las largas filas interminables de motorizaos y gente con bidón en los surtidores se han convertido en la imagen cotidiana de una economía que aún no logra estabilizarse.

El problema no es coyuntural, es estructural, en Bolivia el parque automotor consume mensualmente 127 millones de litros de diésel, el país produce cerca de 10% a 15% de la demanda, y la importación es del 85% a 90%. El consumo de gasolina es de 115 millones de litros, la producción nacional es del 45% a 50% de la demanda y se importa entre el 55% a 50% de gasolina. Cubrir este desfase le cuesta al Estado aproximadamente millones de dólares mensuales, divisas cada vez más escasas.

“La ciudadanía puede perdonar errores políticos, pero difícilmente puede ignorar una crisis que llega todos los días a su bolsillo.”

En ese contexto, mantener congelados los precios de los carburantes hasta 2027 constituye una decisión políticamente comprensible, pero económicamente costosa. La medida reduce el riesgo de una reacción social inmediata, aunque prolonga un esquema de subsidios difícilmente sostenible para un Estado con crecientes restricciones fiscales.

Las consecuencias políticas comienzan a ser visibles. Tras los bloqueos, diversas mediciones de opinión reflejan una disminución importante en la aprobación presidencial. Según Ciesmori a principios de julio el presidente obtuvo la aprobación del 38% de la población en el eje central del país, Ese deterioro no representa únicamente un problema de imagen; reduce también la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías políticas.

Rodrigo Paz gobierna sin una estructura parlamentaria sólida y depende de acuerdos con fuerzas que muestran crecientes diferencias internas. Esa fragilidad explica la lentitud en la aprobación de reformas estratégicas vinculadas a inversiones, minería, hidrocarburos y reactivación económica. Cada semana sin avances legislativos alimenta la percepción de un gobierno que administra la crisis, pero todavía no consigue transformarla.

A ello se suma otro desafío: la comunicación política. Durante estos ocho meses, el gobierno ha reaccionado con frecuencia a los acontecimientos, pero pocas veces ha logrado instalar una narrativa propia sobre el rumbo del país. En tiempos de incertidumbre económica, las sociedades necesitan algo más que medidas técnicas: necesitan señales claras de liderazgo.

La estabilidad económica también dependerá de la capacidad del Ejecutivo para recuperar la confianza de inversionistas, organismos internacionales y ciudadanos. Si el financiamiento externo se concreta, podrá aliviar parcialmente la presión inmediata sobre las reservas. Pero ningún crédito sustituye las reformas estructurales que Bolivia deberá afrontar para reconstruir su capacidad de generar divisas y crecimiento sostenible.

El escenario político tampoco ofrece demasiado margen. Tras un conflicto que provocó pérdidas económicas estimadas entre 2.400 y 3.000 millones de dólares, distintos sectores ya anuncian nuevas movilizaciones si no existen mejoras visibles en el abastecimiento, el control de la inflación y la recuperación económica. Paralelamente, el debate sobre un eventual referéndum revocatorio, aunque hoy resulte jurídicamente complejo, comienza a instalarse como una posibilidad política en caso de persistir el deterioro de la gestión.

Rodrigo Paz enfrenta, por tanto, una encrucijada que definirá el resto de su mandato. Los primeros ocho meses estuvieron marcados por la administración de la emergencia. Los próximos determinarán si es capaz de conducir una recuperación.

La economía terminó imponiéndose sobre la política. Hoy el presidente ya no será evaluado por el discurso de renovación que lo llevó al poder, sino por su capacidad para estabilizar precios, garantizar combustibles, recuperar divisas y devolver confianza a la ciudadanía.

En democracia, la legitimidad no se conserva únicamente con los votos obtenidos en las urnas. Se renueva cada día en el bolsillo de las personas. Ese será, probablemente, el verdadero destino político del gobierno de Rodrigo Paz.

“Las elecciones se ganan con esperanza; los gobiernos sobreviven cuando esa esperanza se convierte en resultados que la ciudadanía puede sentir en su bolsillo.”

Puntos criticos:

• La principal prueba del gobierno de Rodrigo Paz dejó de ser exclusivamente política: es económica. La inflación, la escasez de dólares y los problemas de combustibles están transformando la percepción ciudadana y trasladando la evaluación del gobierno directamente al bolsillo de las familias.

• El Ejecutivo enfrenta además una combinación compleja de restricciones fiscales, fragilidad parlamentaria y pérdida de aprobación ciudadana. Mantener los subsidios puede reducir tensiones inmediatas, pero prolonga un problema estructural que requiere decisiones difíciles, inversión y capacidad para generar nuevas fuentes de divisas.

• El desafío decisivo será transformar la administración de la emergencia en una estrategia de recuperación. Si el gobierno logra estabilizar precios, mejorar el abastecimiento, recuperar confianza y mostrar resultados concretos, podrá reconstruir su capital político. Si no lo consigue, la crisis económica terminará convirtiéndose en una crisis de gobernabilidad.

Consultor Politico

estratega@urifelipez.com