DESPUÉS DE 53 DÍAS DE CONFLICTO

28 junio, 2026 Por Uri Felipez Mancilla

Publicado en el Péndulo Político del periodico Correo del Sur

Aproximadamente 1.373 palabras. El tiempo de lectura estimado es de 7 minutos.

Ideas principales:

• 53 días de conflicto dejaron un país desgastado, pero evitaron una crisis de violencia mayor.
  
• El gobierno de Rodrigo Paz recibe una segunda oportunidad para reconstruir su capacidad política.
  
• El verdadero desafío es recuperar la confianza entre el Estado y la sociedad.

Resumen:

Después de 53 días de bloqueos, Bolivia recupera progresivamente la normalidad, pero queda una profunda factura económica, social e institucional. El conflicto evidenció las debilidades del gobierno de Rodrigo Paz, la fragilidad de las instituciones y la persistencia de la presión social como mecanismo de disputa política. La ausencia de una escalada de violencia y la desarticulación progresiva de los bloqueos evitaron una crisis mayor, pero el problema estructural permanece: Bolivia necesita reconstruir la confianza entre el Estado y una sociedad que continúa buscando representación y respuestas concretas.

Después de 53 días de bloqueos de carreteras, Bolivia vuelve lentamente a la normalidad. Sin embargo, el costo de esta crisis no puede medirse únicamente en pérdidas económicas. Durante casi dos meses, millones de ciudadanos vivieron bajo una sensación permanente de incertidumbre. El desabastecimiento de alimentos y carburantes, las dificultades para trasladarse y la necesidad de reorganizar la vida cotidiana generaron cuadros de ansiedad, estrés y frustración colectiva.

A medida que los bloqueos se prolongaban, la percepción ciudadana fue cambiando. Lo que inicialmente podía interpretarse como una medida de presión política terminó siendo visto por amplios sectores como una señal de impotencia estatal. La incapacidad de garantizar derechos básicos, como la libre circulación, alimentó sentimientos de desamparo y enojo tanto hacia las autoridades como hacia los grupos movilizados. Para trabajadores informales, pequeños comerciantes, transportistas independientes y pacientes que requerían atención médica urgente, el conflicto representó una experiencia de vulnerabilidad extrema.

La crisis también puso en evidencia las debilidades del nuevo gobierno. Desde el inicio de su gestión, la administración de Rodrigo Paz ha cometido errores propios de un gobierno que llega al poder sin una estructura política sólida. Sin embargo, el problema más significativo fue su incapacidad para anticipar el conflicto. A ello se sumó una estrategia comunicacional tardía, confusa y en ocasiones, contradictoria, que dejó a la ciudadanía sin respuestas claras sobre la magnitud de la crisis y las acciones que se estaban tomando para resolverla.

Una vez concluido el conflicto, queda abierta una pregunta inevitable: ¿era necesario esperar 53 días para recuperar la normalidad? El debate divide hoy a la opinión pública. Para algunos, el gobierno debió intervenir con mayor firmeza durante las primeras semanas para evitar daños económicos y humanos. Para otros, una acción temprana habría provocado una escalada de violencia con consecuencias imprevisibles.

Lo ocurrido revela que Bolivia continúa arrastrando problemas estructurales que ningún gobierno puede resolver en pocos meses. Existe una fragilidad institucional evidente, una profunda crisis de representación política y sectores que continúan utilizando la presión extrainstitucional como mecanismo principal para disputar poder. A ello se suman cálculos políticos que poco tienen que ver con las demandas inmediatas de la población.

El desenlace de los 53 días fue el resultado de decisiones complejas. Frente al gobierno se encontraba una dirigencia movilizada que había convertido la renuncia presidencial en su principal objetivo político. Una intervención temprana mediante el uso intensivo de la fuerza probablemente habría derivado en enfrentamientos, víctimas fatales y una crisis de gobernabilidad mucho más profunda.

En ese sentido, la estrategia de contención pacífica terminó siendo decisiva. La ausencia de muertos evitó que la narrativa de los movilizados adquiriera una legitimidad mayor. Además, el conflicto expuso otros factores que contribuyeron a su desgaste: el debilitamiento del corporativismo sindical que durante años ocupó espacios de poder, la precariedad institucional del Estado y las limitaciones de un gobierno que aún carece de operadores políticos experimentados.

La demanda de renuncia tampoco logró consolidarse como una causa nacional. Si se compara con la crisis que derivó en la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, las diferencias son notorias. Entonces, las demandas evolucionaron gradualmente desde la oposición a la exportación de gas hasta la exigencia de una transformación política más profunda. La represión estatal produjo víctimas fatales y amplios sectores urbanos y de clase media terminaron respaldando las movilizaciones.

“El mayor acierto del gobierno fue evitar una tragedia; su mayor desafío ahora es evitar que la próxima crisis vuelva a durar 53 días.”

Nada de eso ocurrió durante estos 53 días. La conflictividad se mantuvo relativamente estable, sin una escalada sostenida de violencia. Los sectores urbanos no se sumaron masivamente a las demandas de renuncia, mientras que el gobierno logró dividir parcialmente a los actores movilizados mediante acuerdos sectoriales con gremiales, transportistas, maestros y organizaciones indígenas. Con el paso de las semanas, el conflicto fue perdiendo fuerza y las demandas generales dieron paso nuevamente a reivindicaciones específicas.

La declaración del estado de excepción terminó consolidando ese desenlace. Lo notable es que la medida no necesitó estar acompañada por una represión masiva para restablecer el orden. Los bloqueos comenzaron a desarticularse sin enfrentamientos de gran magnitud y sin que el país tuviera que lamentar una tragedia humana. Ese hecho constituye, probablemente, uno de los principales aciertos del gobierno en medio de una gestión marcada por errores.

¿Quién debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido? Una parte importante de la ciudadanía señala a los dirigentes, parlamentarios y actores políticos que impulsaron una movilización cuyo objetivo final no logró concretarse. Los supuestos intereses nacionales que justificaban los bloqueos terminaron diluyéndose en una estrategia de desgaste político que dejó enormes costos económicos y sociales.

Sin embargo, atribuir responsabilidades individuales no resolverá el problema de fondo. Pensar que la judicialización de los responsables eliminará futuros bloqueos es una ilusión. El desafío es mucho más profundo.

El Estado debe avanzar, gradualmente, en la solución de los problemas estructurales que alimentan estos conflictos. Entre ellos destaca la necesidad de incorporar políticamente a sectores que no encuentran representación efectiva dentro de las instituciones formales. No mediante mecanismos clientelares o prebendales, sino a través de una participación auténtica y sostenida. La exclusión política termina convirtiéndose, tarde o temprano, en conflictividad social.

Al concluir esta crisis, resulta difícil identificar verdaderos ganadores. La mayoría de los bolivianos perdió: perdieron los trabajadores, los productores, los pequeños comerciantes, los transportistas y las familias que vieron alterada su vida cotidiana durante casi dos meses.

No obstante, el gobierno recibe una segunda oportunidad. Tiene la posibilidad de construir acuerdos en la Asamblea Legislativa, abrir canales permanentes de diálogo con sectores sociales no representados institucionalmente y generar consensos con los actores productivos y democráticos del país. Sobre todo, debe recuperar la capacidad de ofrecer una dirección clara en medio de la incertidumbre.

Porque si algo demostraron estos 53 días es que Bolivia no necesita únicamente el fin de los bloqueos. Necesita reconstruir la confianza entre el Estado y la sociedad. De lo contrario, los conflictos volverán a repetirse y la estabilidad política seguirá siendo una promesa pendiente.

“Bolivia no necesita solamente carreteras desbloqueadas; necesita reconstruir la confianza entre un Estado que debe aprender a escuchar y una sociedad que debe volver a creer en sus instituciones.”

Puntos criticos

• Los 53 días de bloqueos dejaron costos económicos, sociales y emocionales que van mucho más allá de las pérdidas materiales. La crisis evidenció la vulnerabilidad de millones de ciudadanos cuando el Estado pierde capacidad para garantizar derechos básicos y responder oportunamente a la conflictividad.

• El gobierno de Rodrigo Paz evitó una escalada de violencia que podría haber provocado una crisis mucho mayor, pero la contención pacífica no elimina las debilidades estructurales del Estado. La falta de anticipación, comunicación y operadores políticos experimentados sigue siendo uno de los principales desafíos de la administración.

• El conflicto tampoco puede resolverse únicamente mediante la judicialización de dirigentes. La exclusión política, la falta de representación y las demandas sociales insatisfechas continuarán generando nuevas movilizaciones mientras no existan canales institucionales efectivos de participación y diálogo.

• Bolivia sale de esta crisis sin verdaderos ganadores. El gobierno tiene ahora una segunda oportunidad para reconstruir confianza, generar consensos y demostrar capacidad de conducción, antes de que nuevos conflictos vuelvan a poner a prueba la estabilidad del país.

Consultor Politico

estratega@urifelipez.com