EL ESTADO SE EXCEPCIÓN CONCLUYE Y LA CRISIS PODRÍA COMENZAR

7 septiembre, 2026 Por Uri Felipez Mancilla

Publicado en el Péndulo Político del periodico Correo del Sur

Aproximadamente 1.268 palabras. El tiempo de lectura estimado es de 7 minutos.

Ideas principales

• El fin del Estado de Excepción abre una nueva etapa de incertidumbre política para Bolivia.

• Rodrigo Paz enfrenta el dilema de corregir la economía sin profundizar su desgaste político.

• El verdadero riesgo no es solo la crisis, sino que el vacío de poder termine administrando al Estado.

Resumen:

El fin del Estado de Excepción coloca nuevamente al gobierno de Rodrigo Paz frente a una etapa decisiva. Después de 53 días de bloqueos, persisten problemas económicos, conflictos políticos y cuestionamientos institucionales que pueden reactivar la presión social. El Ejecutivo deberá enfrentar el desabastecimiento de diésel, el costo político de las medidas económicas, las denuncias que afectan su credibilidad y una estructura política cada vez más frágil. Mientras tanto, la figura del vicepresidente Edmand Lara introduce una variable adicional ante una eventual crisis de sucesión. Bolivia no está condenada a ninguno de los escenarios posibles, pero la capacidad del gobierno para reconstruir alianzas, recuperar confianza y ofrecer una dirección clara determinará si la crisis puede mantenerse dentro de la institucionalidad democrática.

La culminación del Estado de Excepción decretado por el gobierno de Rodrigo Paz, prevista para el 20 de septiembre, coloca nuevamente a Bolivia frente a una encrucijada. El Ejecutivo deberá decidir cómo enfrentar nuevas medidas de presión sin profundizar una crisis que, después de 53 días de bloqueos, dejó una economía debilitada, instituciones cuestionadas y una sociedad agotada. La pregunta ya no es solamente cómo terminará el Estado de Excepción, sino qué país emergerá después de él.

El gobierno llega a este momento con una debilidad política evidente. No logró capitalizar plenamente el respaldo ciudadano e institucional que recibió durante los 53 días de bloqueo, cuando distintos sectores defendieron la continuidad del gobierno constitucional. La principal razón es económica: el desabastecimiento de diésel persiste y cada intento de corregir el problema genera nuevas resistencias. El Decreto Supremo 5676, que elevó el precio del combustible para determinados grandes consumidores y sectores, volvió a movilizar a productores, transportistas y organizaciones sociales incluso antes de concluir el Estado de Excepción.

El problema es que el gobierno necesita corregir el desequilibrio económico, pero cada corrección tiene un costo político. El diésel no es simplemente un combustible: mueve el transporte, la producción agropecuaria, el comercio y, finalmente, el precio de los alimentos. Aumentar su precio puede reducir el costo fiscal del subsidio, pero también trasladar presión inflacionaria al bolsillo de los bolivianos.

A esta crisis económica se suma el deterioro de la credibilidad presidencial provocado por el caso Fernando Cerimedo. Las investigaciones, las filtraciones de conversaciones y las acusaciones que rodean al exasesor argentino han colocado al gobierno ante preguntas incómodas sobre corrupción, influencia política y transparencia. Más allá de la responsabilidad jurídica que deberá determinar la justicia, el costo político ya existe: la ciudadanía percibe contradicciones entre el discurso presidencial y la realidad del entorno más cercano al poder.

El gobierno tampoco parece haber aprovechado el tiempo ganado después del conflicto. La administración de Paz recibió una oportunidad para construir acuerdos con las fuerzas políticas que garantizaron la continuidad institucional, pero terminó enfrentando una Asamblea más distante y un gabinete debilitado. La salida o caída de figuras consideradas importantes para la gestión (entre ellas Mauricio Medinaceli, José Luis Lupo y José Gabriel Espinoza) reduce todavía más la capacidad del Ejecutivo para articular una respuesta económica y política coherente.

En este contexto aparece un segundo problema: Edmand Lara. El vicepresidente, pese a su limitada capacidad para construir una mayoría política propia, puede convertirse en un actor decisivo si la crisis presidencial se profundiza. Sus acciones y declaraciones pueden contribuir al desgaste de Paz y alimentar la expectativa de una sucesión constitucional. Pero una eventual renuncia del presidente que coloque directamente a Lara en el poder no necesariamente resolvería los problemas que originaron la crisis. Podría, incluso, trasladarlos a una nueva administración sin recursos, sin mayoría política y sin capacidad económica suficiente.

“El verdadero peligro después del Estado de Excepción no es que regresen los bloqueos, sino que el gobierno pierda la capacidad de conducir mientras otros actores comienzan a ocupar el vacío.”

Después del 20 de septiembre pueden imaginarse cuatro escenarios. El primero es la continuidad constitucional. Rodrigo Paz permanece en el cargo y busca completar el periodo para el que fue elegido. Es el escenario menos traumático institucionalmente, pero exige que el gobierno abandone la improvisación, reconstruya alianzas políticas, garantice combustible, enfrente las denuncias de corrupción y presente un programa económico capaz de devolver certidumbre.

El segundo es el vacío de poder y el caos. Si el gobierno no actúa, los bloqueos pueden regresar, la economía puede deteriorarse y la conflictividad escalar hasta superar la capacidad de respuesta del Estado. En ese escenario, la ausencia de liderazgo podría abrir espacios a economías ilegales, crimen organizado y poderes territoriales que terminarían sustituyendo parcialmente a las instituciones.

El tercero es una salida institucional mediante elecciones adelantadas. Ante una crisis que haga inviable la gobernabilidad, las fuerzas políticas podrían construir un acuerdo nacional para evitar una ruptura traumática. La lógica sería resolver la disputa en las urnas y no en las calles, mediante los mecanismos que permita la Constitución y bajo condiciones previamente acordadas.

El cuarto escenario es la sucesión de Edmand Lara ante una eventual renuncia presidencial. Es constitucionalmente imaginable, pero políticamente incierto. La pregunta fundamental sería si el vicepresidente posee la legitimidad, el respaldo parlamentario y la capacidad de gobierno necesarios para administrar una crisis económica de esta magnitud.

Bolivia no está condenada a ninguno de estos escenarios. Pero la historia enseña que los vacíos políticos rara vez permanecen vacíos. Cuando un gobierno deja de conducir, otros actores ocupan ese espacio.

El desafío de Rodrigo Paz después del Estado de Excepción será, por tanto, mucho mayor que mantener abiertas las carreteras. Tendrá que demostrar que todavía puede gobernar, reconstruir confianza y convertir el respaldo institucional que recibió durante el conflicto en una verdadera coalición de gobernabilidad, aunque a estas alturas esto sería lo deseable.

La alternativa no debería ser entre un gobierno que se aferra al poder y una oposición que busca derribarlo. La verdadera disyuntiva es entre administrar la crisis dentro de la institucionalidad o permitir que la crisis termine administrando al Estado.

Después del 20 de septiembre comenzará esa prueba. Y esta vez no bastará con sobrevivir políticamente: habrá que demostrar que Bolivia todavía puede encontrar una salida democrática antes de que el vacío de poder encuentre una por ella.

“La verdadera disyuntiva de Bolivia no es quién ocupará el poder, sino si la próxima transición será decidida por las instituciones o por el vacío que deja un Estado sin capacidad de conducir.”

Puntos criticos:

• El fin del Estado de Excepción no significa necesariamente el fin de la crisis. El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta ahora una etapa más compleja, porque deberá responder simultáneamente a las presiones económicas, sociales y políticas sin recurrir a una salida que profundice la polarización.

• La economía es el principal condicionante. Cada medida necesaria para corregir los desequilibrios puede generar un nuevo costo político, mientras el desabastecimiento de diésel, la inflación y la falta de divisas mantienen abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones.

• El mayor riesgo no es necesariamente una ruptura inmediata, sino la pérdida progresiva de capacidad de conducción del Estado. Si el gobierno no reconstruye alianzas, recupera credibilidad y establece canales de diálogo, el vacío político puede ser ocupado por otros actores y convertir una crisis de gobierno en una crisis institucional.

Consultor Politico

estratega@urifelipez.com