EL PRESIDENTE EQUILIBRISTA
Por: Uri Felipez Mancilla.
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- Bolivia no cambió de ideología, cambió de administrador de la crisis.
- La estabilidad económica exige reformas que superan los límites del actual modelo estatal.
- El presidente Paz enfrenta el desafío de equilibrar demandas sociales y realismo económico.
La victoria electoral de Paz-Lara en 2025 representó más una búsqueda de soluciones pragmáticas que un cambio ideológico profundo. El nuevo gobierno heredó una crisis económica e institucional compleja y, aunque logró avances simbólicos y cierto respaldo inicial, enfrenta límites estructurales impuestos por la realidad económica y el marco político vigente. La sostenibilidad de su gestión dependerá de su capacidad para equilibrar las demandas sociales, impulsar reformas necesarias y generar resultados concretos que eviten el retorno de proyectos políticos del pasado.
En las elecciones nacionales de 2025, la población boliviana depositó en las urnas algo más que una preferencia electoral: expresó la necesidad urgente de salida. En medio de una crisis económica persistente, aquellos comicios fueron percibidos como una válvula de escape, una oportunidad para estabilizar un país tensionado por problemas económicos, políticos e institucionales acumulados.
La fórmula Paz-Lara capitalizó ese momento, con un 32% en primera vuelta y un 54% en el balotaje, no solo ganó una elección: interpretó un mensaje claro del electorado de Bolivia que demandaba renovación, pero no, una ruptura total con su pasado reciente. El entonces candidato, hoy presidente, sintetizó ese sentir al afirmar que “la ideología no da de comer (…)” Esa frase marcó el tono de una expectativa pragmática.
El contexto en el que se desarrollaron esa elección era crítico, la escasez de combustible, la falta de divisas, la presión inflacionaria que alcanzó dos dígitos, la caída de reservas internacionales y una economía en retroceso delineaban un escenario que exigía decisiones urgentes. A esto se sumaban problemas estructurales como la crisis del sistema judicial, la corrupción estatal y otros factores que erosionaban la confianza pública.
Sin embargo, una vez en el poder, el gobierno enfrentó sus primeras tensiones internas. La relación con el vicepresidente se deterioró rápidamente debido a diferencias en la comunicación y el manejo político. Lo que pudo convertirse en una fractura institucional fue contenido mediante maniobras de control político que lograron neutralizarlo y aislarlo.
Para entender los límites y posibilidades del actual gobierno, es imprescindible observar la sociología electoral del país, desde 2009, aproximadamente tres millones de votantes han sostenido proyectos políticos vinculados al MAS. En 2025, si se suman los votos de distintas fuerzas con inclinación popular, y el voto nulo, ese bloque alcanzó cerca de 3.7 millones de electores en primera vuelta. En el balotaje, la victoria de Paz-Lara con 3.5 millones de votos no implicó un giro ideológico del país, sino una reconfiguración del mismo electorado.
Este dato es clave: Bolivia no giró hacia la derecha. El nuevo gobierno se sostiene, en gran medida, sobre la misma base social que respaldó al anterior modelo. Esto implica que la “camisa de fuerza” institucional, una “Constitución estatista” siguen vigentes. En este contexto, cualquier intento de transformación estructural profunda enfrenta límites políticos reales. No obstante, el escenario electoral muestra un desplazamiento hacia el centro, con señales incipientes de un crecimiento del electorado que podría inclinarse hacia posiciones más liberales en el futuro.
El factor económico, como suele ocurrir, ha sido determinante, el deterioro del poder adquisitivo y la incertidumbre han moldeado el comportamiento electoral. Consciente de ello, el gobierno de Paz inició su gestión con un giro en política exterior, restableciendo relaciones con Estados Unidos y abriendo canales con organismos internacionales de crédito, este movimiento implicó un distanciamiento de alianzas ideológicas previas que, en términos prácticos, ya no ofrecían soluciones económicas.
No obstante, las expectativas sociales han evolucionado más rápido que los resultados, la llamada “luna de miel” del gobierno fue breve. En apenas seis meses, la ciudadanía comenzó a exigir cambios tangibles. Si bien es irreal esperar transformaciones estructurales en tan corto plazo, también es cierto que el capital político inicial no es infinito. El gobierno ha intentado compensar esta presión con acciones simbólicas, como la lucha contra la corrupción, destacando la detención del expresidente Luis Arce como un hito político.
Uno de los focos más críticos ha sido la situación de YPFB empresa, que en el pasado fue un pilar de generación de divisas, hoy simboliza el agotamiento del modelo anterior, convertida en importadora de carburantes, siendo señalada por ineficiente y corrupta. Episodios como la comercialización de gasolina basura han afectado directamente la percepción ciudadana y la imagen del gobierno.
«La mayor dificultad del gobierno no es ganar tiempo, sino transformar ese tiempo en resultados económicos concretos antes de que se agote su capital político.»
En este contexto, una de las decisiones más delicadas fue la reducción gradual de la subvención a los hidrocarburos, a diferencia del pasado, cuando intentos similares generaron fuerte rechazo social, esta vez la medida fue aceptada con relativa madurez, la experiencia reciente de escasez parece haber modificado la tolerancia social frente a ajustes económicos necesarios.
Sin embargo, el verdadero desafío del presidente radica en el equilibrio, debe navegar entre las demandas de los sectores populares y las exigencias del realismo económico. La crisis aún no ha sido estabilizada y la estrategia basada en financiamiento externo denominada “endeudamiento productivo” no es suficiente sin reformas estructurales económicas.
Aquí emergen las tensiones más complejas para el gobierno, sectores sociales encabezados por la COB, resisten cualquier medida que perciban como pérdida de conquistas históricas. La reciente modificación de decretos relacionados con la subvención evidencia la capacidad de presión de estos actores.
Lo que Bolivia necesita no es solo un ajuste técnico, sino una reingeniería institucional, transparencia, reforma del marco económico constitucional y condiciones claras para la inversión son elementos indispensables para reactivar el crecimiento.
En este escenario, propuestas como el incremento salarial impulsado por la COB resultan inviables. Sin generación de divisas, aumentos salariales desalineados con la productividad solo alimentarían la inflación. El presidente debe actuar con pragmatismo: como un equilibrista que gestiona tensiones sin permitir que el sistema colapse.
Finalmente, la gobernabilidad dependerá de la capacidad de construir consensos. No solo en la Asamblea Legislativa, sino también en la calle. El gobierno debe convertirse en puente con sectores sociales que carecen de representación formal. Limitarse a acuerdos parlamentarios, sin respaldo social, debilitaría su posición.
Hoy, Bolivia enfrenta un vacío de liderazgo político y estructuras partidarias frágiles, la dispersión es evidente tanto a nivel parlamentario como territorial. En este contexto, el margen de error es mínimo.
Si el gobierno no logra resultados concretos en la economía cotidiana, si no equilibra las fuerzas en juego y no actúa con pragmatismo, el riesgo es claro: el resurgimiento de proyectos políticos del pasado. Ese electorado de tres millones de votantes sigue ahí, latente, esperando una alternativa viable.
El presidente, como equilibrista, no puede avanzar confiando en la inercia ni en la suerte, debe hacerlo con precisión, audacia y sentido de urgencia. Porque, en última instancia, lo que está en juego no es solo su gobierno, sino la estabilidad misma del Estado.
«Paz no gobierna sobre una nueva Bolivia; gobierna sobre una sociedad que exige soluciones urgentes y que ya no está dispuesta a esperar indefinidamente.»
Puntos críticos:
- La elección de 2025: no significó un cambio ideológico profundo en Bolivia, sino una búsqueda de soluciones frente a una crisis económica persistente. El gobierno de Paz-Lara heredó una economía debilitada, instituciones cuestionadas y una ciudadanía que exige resultados concretos más allá de los discursos políticos.
- La principal dificultad de la administración actual: es equilibrar las demandas de los sectores populares con las restricciones económicas reales. Medidas como la reducción gradual de la subvención a los hidrocarburos muestran que las reformas son posibles, pero también evidencian los límites políticos impuestos por organizaciones sociales con fuerte capacidad de presión.
- La estabilidad futura: dependerá de la capacidad del gobierno para impulsar reformas estructurales, recuperar la confianza económica y construir consensos sociales amplios. Sin mejoras perceptibles en la vida cotidiana de la población, el riesgo de un resurgimiento de proyectos políticos del pasado seguirá siendo una posibilidad latente.
Consultor Politico
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