EL CONFLICTO COMO CONSTANTE SOCIAL
31 mayo, 2026 Por Uri Felipez Mancilla
Publicado en el Péndulo Político del periodico Correo del Sur
Aproximadamente 1.448 palabras. El tiempo de lectura estimado es de 8 minutos.
- El conflicto social en Bolivia no es una excepción histórica, sino un mecanismo recurrente de disputa política.
- La fragilidad institucional del gobierno de Rodrigo Paz amplifica los efectos de la crisis económica y social.
- La ausencia de consensos nacionales mantiene al país atrapado en ciclos permanentes de confrontación.
Bolivia atraviesa una nueva etapa de conflictividad social marcada por bloqueos, desgaste institucional y una creciente polarización política. Aunque el conflicto actual tiene causas inmediatas vinculadas a la crisis económica y al rechazo al gobierno de Rodrigo Paz, sus raíces son más profundas y responden a una tradición histórica donde las disputas de poder suelen resolverse mediante la presión social antes que por canales institucionales. La fragilidad política del gobierno, sumada al agotamiento del modelo económico y la falta de consensos nacionales, configuran un escenario de alta incertidumbre para el futuro del país.
Bolivia ingresa a la quinta semana consecutiva de bloqueos de carreteras. Las posturas de los sectores movilizados no ceden en su principal exigencia: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El epicentro de la conflictividad se concentra en el departamento de La Paz, mientras el eje troncal del país permanece parcialmente paralizado, afectando la libre circulación, el abastecimiento y la actividad económica de millones de ciudadanos.
Para comprender la dimensión real de esta crisis, es necesario recordar que Bolivia no es un país ajeno al conflicto. La movilización social forma parte de su estructura política contemporánea. Desde inicios de siglo, las carreteras, las plazas y las calles se consolidaron como escenarios donde sectores históricamente excluidos encontraron mecanismos efectivos para interpelar al Estado.
La llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba en el año 2000, frenó la privatización del servicio. En 2003, la “Guerra del Gas” derivó en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre 2004 y 2005, nuevos conflictos sobre la propiedad y exportación del gas precipitaron la renuncia de Carlos Mesa. Posteriormente, Bolivia atravesó la polarización entre el gobierno de Evo Morales y las regiones autonómicas del oriente; el conflicto del TIPNIS; el rechazo a la repostulación indefinida de Morales; la crisis poselectoral de 2019; los bloqueos durante la pandemia y, más recientemente, las protestas derivadas de la crisis económica, la escasez de combustible y la falta de dólares.
La conflictividad, por tanto, no es una anomalía: es una constante histórica. Pero también es el reflejo de una sociedad donde las disputas de poder rara vez logran resolverse en canales institucionales. En Bolivia, las demandas terminan negociándose bajo presión antes que en el marco de consensos democráticos estables.
Existe además otro tipo de conflicto menos visible: el que opera silenciosamente desde las élites económicas. Sectores empresariales financian campañas, influyen sobre medios de comunicación y presionan para moldear políticas públicas favorables a sus intereses. Esa disputa entre poderes formales e informales genera reacciones de sectores populares que sienten que las decisiones del país continúan tomándose lejos de sus realidades cotidianas.
¿Cómo llegó Bolivia nuevamente a este punto, apenas meses después de elegir un nuevo gobierno? La victoria de la fórmula Paz-Lara, con el 54% de los votos en segunda vuelta, representó una demanda de renovación, pero no una ruptura ideológica con el pasado reciente. Paradójicamente, gran parte del electorado que sostuvo durante dos décadas al MAS fue el mismo que terminó respaldando a Rodrigo Paz.
Sin embargo, el nuevo presidente llegó al poder con enormes debilidades estructurales. Su candidatura fue prácticamente personalista, sostenida por un partido PDC sin bases sociales sólidas. El binomio con Edmand Lara se conformó de manera improvisada días antes del cierre de candidaturas, mientras las listas parlamentarias respondían más a cuotas circunstanciales que a representación política real.
Tras la sorpresiva victoria, el gobierno mostró rápidamente sus limitaciones. Sin mayoría parlamentaria, sin bancada cohesionada y sin operadores políticos eficaces, Paz terminó gobernando con una estructura fragmentada. Incluso sus ministros más influyentes provenían de equipos técnicos vinculados a Samuel Doria Medina. Posteriormente, la ruptura con el PDC y el aislamiento progresivo del vicepresidente Lara profundizaron la fragilidad oficialista.
Hoy, Rodrigo Paz administra una economía golpeada, un Estado institucionalmente débil y un gabinete que no ha estado a la altura del desafío histórico. Los errores políticos, la mala gestión comunicacional y la falta de resultados tangibles deterioraron aceleradamente su imagen pública. Más que un liderazgo consolidado, el presidente transmite una sensación de vulnerabilidad permanente.
La historia no se repite exactamente, pero ofrece paralelismos útiles. El caso más evidente es el gobierno de Hernán Siles Zuazo en 1982. Aquella administración enfrentó hiperinflación, fragmentación política, bloqueo parlamentario y una presión constante de organizaciones sociales, incluida la COB, que terminaron erosionando completamente su gobernabilidad.
«Cuando las instituciones pierden capacidad de mediación, el conflicto deja de ser una excepción y se convierte en la principal herramienta de disputa política.»
Los contextos son distintos, pero las similitudes son inevitables. Así como la UDP sufrió el colapso económico derivado de la crisis del estaño y la deuda externa, hoy Bolivia enfrenta el agotamiento del modelo gasífero, la crisis cambiaria y el peso creciente de las subvenciones. Del mismo modo que Siles gobernó con una coalición débil y contradictoria, Rodrigo Paz encabeza un gobierno sin estructura política sólida, ni capacidad efectiva de articulación, de continuar puede seguir el mismo camino de Siles.
Existe además una ironía política significativa. Los sectores populares y rurales que hoy encabezan las movilizaciones fueron, en gran medida, quienes garantizaron la victoria electoral de Paz. En el departamento de La Paz con El Alto y provincias, el presidente obtuvo el respaldo decisivo que compensó su debilidad en áreas urbanas tradicionales. Hoy, ese mismo territorio se convirtió en el epicentro de su mayor crisis política.
Las narrativas de los movilizados son claras. Consideran que el gobierno pretende privatizar recursos estratégicos y debilitar empresas estatales para beneficiar a élites económicas y actores extranjeros. Acusan al presidente de haber traicionado el mandato popular, alineándose con intereses de Estados Unidos y marginando al vicepresidente Lara, quien todavía conserva legitimidad en sectores populares, que finalmente ven en él la presidencia por la continuidad de la línea constitucional.
Desde la otra orilla política, la narrativa oficialista sostiene que Bolivia enfrenta un intento de desestabilización impulsado por sectores que buscan recuperar privilegios perdidos tras la caída del MAS. Según esta visión, demandas salariales y sectoriales fueron transformándose gradualmente en un proyecto político de desgaste orientado a forzar la caída del gobierno.
Ambas narrativas contienen elementos de verdad y exageración. Pero también reflejan un problema más profundo: la ausencia de consensos mínimos sobre el rumbo del país.
¿Está Bolivia al borde del abismo? Hoy atraviesa un momento extremadamente delicado de desgaste institucional, incertidumbre económica y polarización social.
El gobierno todavía conserva respaldo internacional y apoyo de actores democráticos regionales. Además, amplios sectores ciudadanos, aunque descontentos, tampoco desean una nueva ruptura traumática. Sin embargo, la fragilidad política de Rodrigo Paz es evidente, y la continuidad de la crisis podría erosionar rápidamente el poco margen de maniobra que aún conserva.
Bolivia ha demostrado históricamente una enorme capacidad para sobrevivir a sus propias crisis. El conflicto, incluso en sus expresiones más radicales, ha servido muchas veces para reorientar el rumbo político del país. Pero esa capacidad de resistencia también tiene costos profundos: desgaste institucional, fractura social y pérdida de confianza colectiva.
La responsabilidad de esta crisis no pertenece únicamente al gobierno ni exclusivamente a los movilizados. Es también el reflejo de una cultura política nacional donde todos, élites, dirigencias, sectores sociales y ciudadanía, que han contribuido, en distintos momentos, a normalizar el conflicto como principal mecanismo de resolución política.
«La verdadera crisis boliviana no es la existencia del conflicto, sino la incapacidad histórica de transformar el conflicto en consensos duraderos.»
Puntos críticos
- La conflictividad actual: no puede entenderse únicamente como una reacción al gobierno de Rodrigo Paz. Responde a una dinámica histórica donde la movilización social se ha consolidado como un mecanismo legítimo de presión política frente a instituciones percibidas como débiles o insuficientes.
- La fragilidad estructural del oficialismo: agrava la crisis. La ausencia de una base política sólida, sumada a los errores de gestión y comunicación, ha reducido la capacidad del gobierno para construir consensos y contener el malestar social.
- La crisis económica funciona como un acelerador de la conflictividad: La escasez de divisas, el agotamiento del modelo gasífero y la presión sobre las finanzas públicas limitan las opciones del Estado para responder a las demandas ciudadanas.
- El principal riesgo para Bolivia: no es únicamente la protesta social, sino la incapacidad colectiva de construir acuerdos mínimos que permitan resolver los conflictos dentro del marco institucional y democrático.
Consultor Politico
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